La Unión Europea publicará en pocas semanas el anteproyecto de dos leyes que deberían reforzar la soberanía digital europea y crear un mundo digital más seguro y fiable dentro de la Unión Europea. Se tratan de las leyes de servicios y de mercados digitales, que pretenden que la información digital no rebase ni se aloje fuera de las fronteras comunitarias, con una lista de lo que podrán hacer las plataformas digitales en la Unión Europea. En el mismo sentido, los representantes de los 27 Estados miembros de la UE firmaron el pasado 15 de octubre una declaración conjunta con el firme compromiso de desplegar la próxima generación de infraestructura y servicios basados en la nube.
En estos últimos días, los máximos representantes de las grandes plataformas de servicios digitales, como Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Apple o Facebook, han testificado ante el Senado de Estados Unidos, que les acusa de realizar prácticas monopolísticas y que quiere desmembrar, como se hizo en 1974 con AT&T. Una decisión judicial favorable tardaría, en todo caso, muchos años en llegar, sobre todo si John Biden alcanza esta noche la presidencia, que ha recibido muchos fondos para la campaña presidencial, frente a ninguno para Trump.
Lo que también es seguro, no obstante, es que las grandes tecnológicas de Estados Unidos deberán ser más cautos en la forma en que alojan y distribuyen los datos en las nubes de información, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, así como el uso que hacen de los datos privados, tanto empresariales como personales, y de su seguridad para que no lleguen a manos ajenas. No solamente la Unión Europea está preocupada por el aumento de los datos alojados en nubes informáticas sin excesivo control sino que también Japón, Corea del Sur, India y Singapur, entre otros países asiáticos, están tomando cartas en el asunto.
“Hay que pasar a la acción, porque el poder de los negocios digitales amenazan nuestras libertades, nuestras oportunidades e incluso nuestra democracia en la UE”, aseguró el jueves Margrethe Vestager
China no tiene problemas, porque ya cuenta desde hace tiempo con una Internet blindada y protegida de miradas extranjeras. Rusia también quiere copiar el modelo chino y se teme que en pocos años desaparezca el concepto de una Internet única global, en beneficio de múltiples Internet nacionales. El objetivo de la Unión Europea es que la Internet siga abierta, pero que los datos estén alojados en nubes informáticas situadas en territorio comunitario, independientemente de donde sea su propietario. El pasado junio, los ministros de Economía de Francia y Alemania oficializaron la creación de Gaia-X, una infraestructura digital soberana para que las empresas europeas puedan compartir información de forma segura.
Gaia-X debería estar totalmente operativa a principios de 2021, con sede en Bélgica, pero no se trata más que el punto de partida, según se dijo el día del anuncio. El objetivo de Gaia-X es federar a todos los servicios de tecnologías de la información europeos y que sean tan competitivos y completos como los que ahora ofrecen las compañías estadounidenses y chinas de este mercado. La idea, se añadió, es abarcar el máximo del mercado doméstico europeo cloud y conseguir una facturación del orden de 1.500 a 2.000 millones de euros anuales. Participarán grandes compañías europeas, pero no excluye que puedan participar empresas de otros continentes, siempre que se respeten las normas fundacionales.
Controlar las plataformas que controlan la información
Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europa, afirmó que las plataformas han pasado a controlar la información, con enorme poder sobre nuestras vidas, influenciar nuestra seguridad e incluso guiar nuestros debates políticos y proteger o minar nuestra democracia, en un discurso el pasado jueves ante el European Policy Centre. Por esto, añadió, “nuestra estrategia a la hora de construir la legislación digital europea de este década trata tanto de construir confianza como en invertir en la innovación digital”.
En pocas semanas, aseguró Vestager, “planeamos publicar dos anteproyectos de ley que ayudarán a crear un mundo digital más seguro y digno de confianza”. Uno de ellos será el Digital Services Act, una actualización de la directiva de comercio electrónico, que requerirá mayor responsabilidad a los servicios digitales a la hora de tratar con contenidos ilegales o productos peligrosos. Estas nuevas responsabilidades ayudarán a los europeos a estar tan seguros en el mundo digital como en el físico, apostilló. Se aplicarán los mismos estándares en toda la Unión Europea para que todos los europeos puedan estar igualmente seguros.
La ley requerirá que los servicios digitales -y en especial las grandes plataformas, precisó Vestager- sean abiertos, transparentes y que informen de las decisiones llevadas a cabo para recomendar un producto respecto a otro. La comisaria reconoció que con aprobar las leyes adecuadas no es suficiente, sino que no hay otro remedio que aplicar medidas coercitivas efectivas, “que es una parte vital de las leyes que propondremos en diciembre”.
Las leyes de servicios y mercados digitales que prevé aprobar este diciembre la UE darán a las plataformas la responsabilidad de actuar pero también el poder de asegurar que se cumplen estas obligaciones
No se alterará, matizó, el principio fundamental de que los servicios digitales sean regulados por los países respectivos, pero “habrá un sistema permanente de cooperación que contribuirá que los reguladores hagan un trabajo más efectivo para proteger a todos los consumidores europeos”. Incluso tendrán el poder reforzado de actuar contra las plataformas muy grandes. Se trata, insistió, de asegurar que los mercados digitales sean competitivos y justos.
El segundo bloque de propuestas será el Digital Markets Act, con dos objetivos principales. Uno, que haya una lista clara con lo que pueden y no pueden hacer las grandes plataformas a la hora de controlar la información digital. El segundo, que exista un marco de investigación que armonice todo el mercado comunitario y tenga la posibilidad de detectar fallos en los mercados existentes y parar otros fallos emergentes.
“Hemos llegado a un punto en que hay que pasar a la acción, porque el poder de los negocios digitales –y especialmente las grandes plataformas- amenazan nuestras libertades, nuestras oportunidades e incluso nuestra democracia”. Por eso, remachó al final del discurso la poderosa vicepresidente ejecutiva de la CE, “las nuevas reglas que propondremos en pocas semanas darán a las plataformas la responsabilidad de actuar pero también tendremos el poder de asegurar que se cumplen estas obligaciones” y “prometer a los europeos un mundo digital seguro, justo y en el que se pueda confiar durante décadas”.
Plataformas amenazadas por todos lados
Tanto la Digital Services Act como la Digital Markets Act forman parte de la estrategia digital europea anunciada el pasado febrero y refuerza el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) vigente en toda la Unión Europea, pero que los expertos consideran que no acaban de tomarse en serio muchas empresas y plataformas porque tiene su propia coartada legal, la Cloud Act.
Se trata de una ley aprobada por Donald Trump hace un par de años que obliga a los proveedores a revelar todos los datos que estén en su posesión, custodia o control si son solicitados por las autoridades de Estados Unidos, estén alojados dentro de Estados Unidos o en terceros países. Y es que la Cloud Act trata del uso legal de los datos de los proveedores estadounidenses de servicios de los datos en la nube y es el acrónimo de Clarifying Lawful Overseas Use of Data (Ley Aclaratoria del Uso Legal de Datos en el Extranjero).
Las leyes que prevé aprobar la Unión Europea este diciembre también son plenamente conformes al deseo político expresado el pasado 15 de octubre por el 27 Estados miembros a la creación de una infraestructura cloud europea. Como recoge el documento, se quiere combinar una inversión privada, nacional y comunitaria para desplegar una infraestructura y servicios basados en la nube competitivos, seguros y verdes; definir un marco común europeo que federe las capacidades de la nube; y desarrollar servicios y centros de datos más seguros, interoperables y energéticamente eficientes, para uso en particular de las pequeñas y medianas empresas, emprendedores y sector público.
Las operadoras europeas, a través de su asociación ETNO que las representa, dieron la bienvenida y su firme compromiso a la declaración conjunta de los Estados miembros de la UE de desplegar la próxima generación de infraestructura y servicios europea basada en la nube informática. En su comunicado, las operadoras aseguran que la estrategia de la Comisión Europea es ambiciosa pero realista, y viable tanto técnica como comercialmente. Además de esencial para asegurar el despliegue acelerado de 5G y el desarrollo del Internet industrial.
La European Digital Media Association (EDiMA), creada el pasado marzo por los gigantes de Internet como grupo de presión y que representa los intereses de sus asociados, no lo ve de la misma manera. Quiere que sus miembros gocen de mejor protección legal cuando actúen contra los contenidos ilegales en Europa. Como es previsible en una asociación que incluye como miembros a Amazon, Apple, Facebook o Googole, considera que sus socios deberían ser obligados solamente a censurar información ilegal (no necesariamente ofensiva o controvertida) y además tener protección legal cuando lo hagan.
EDiMA también considera que las leyes que quiere aprobar la UE no frecen ninguna protección a los “buenos samaritanos”, en el caso de que duden a prohibir material ilegal por temor a consecuencias adversas. Y no piensan que se deba seguir el ejemplo de Estados Unidos, que a menudo se utiliza como censura. Piensan que la European Digital Services Act actual ya ofrece un marco robusto para tratar el contenido ilegal y lo distingue del contenido perjudicial, mucho más difícil de definir. El director general de EDiMA, Siada El Ramly, asegura, no obstante, que “todos nuestros miembros se toman su responsabilidad muy en serio y hacen lo posible para borrar el contenido y la actividad ilegal en las redes”.
El miércoles pasado, un día antes del discurso de Margrethe Vestager ante el European Policy Forum, los consejeros delegados de Facebook, Google y Twitter, tres de los principales proveedores de servicios digitales de información, debieron testificar ante el Senado de Estados Unidos (vía electrónica) sobre cómo tratan el contenido de sus plataformas y sus responsabilidades bajo la Communications Decency Act. Los tres argumentaron que la ley les permite un equilibrio entre la libertad de expresión y la moderación del contenido. Pero, con la vista puesta en la inminente elección presidencial, la sesión derivó en política partidista, como cuenta la agencia Reuters.
Francia y Holanda, de acuerdo en tomar medidas
La presión contra las llamadas Big Tech no arrecia y seguirá las próximas semanas y meses. Hace justo quince días, Francia y Holanda hicieron un comunicado conjuntopara que se tomen serias medidas para reducir el poder comercial de estas grandes plataformas, incluyendo su desmembración. Francia siempre ha abogado por una postura dura y Holanda por una posición más liberal y conciliadora pero, en este caso, los ejecutivos de ambos países están de acuerdo, lo que sugiere que se tomarán medidas más drásticas en la Unión Europea ante lo que se considera como medidas desleales de las grandes tecnológicas.
Mientras, Google está planeando una agresiva campaña en contra de Thierry Breton, el comisario el Mercado Interior y mano derecha de Vestager en los asuntos digitales, porque considera que la Digital Services Actarremete de manera injustificada contra el modelo de negocio de Google, según un documento interno filtrado al Financial Times a finales de la semana pasada. Google intenta contrarrestar lo que considera una narrativa en torno a las plataformas que no se ajusta a la realidad.
La Comisión Europea ha insistido, repetidamente, en que las grandes plataformas tecnológicas comparten datos para sus propias actividades comerciales. Las plataformas como Amazon o Google no deberían recoger datos de sus plataformas para sus propias actividades comerciales, a menos que las hagan accesibles a otros usuarios y empresas que trabajan en las mismas actividades comerciales, aseguró la CE a primeros de mes de octubre.