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La FCC quiere subastar unas frecuencias para 5G que están concedidas a otros organismos

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La Federal Communications Commission (FCC), el organismo que regula las telecomunicaciones en Estados Unidos, ha comunicado al Congreso su intención de hacer una subasta pública de 300 MHz de la banda C, entre 3,7 y 4,2 GHz, un espectro muy codiciado por los servicios 5G porque tiene largo alcance y penetra en los edificios. El problema es que la banda ya está concedida a diversos grupos que ofrecen televisión por satélite y cuentan con la licencia de uso. La FCC también quiere liberar la banda de 5,9 GHz para redes Wi-Fi y vehículos autónomos C-V2X, utilizada entre otras por empresas energéticas para control y seguridad, y está pensando, además, en abrir la banda de 24 GHz para comunicaciones 5G muy corta distancia, cuando diversos organismos, entre ellos la NASA, temen que se interfieran con ello las señales de sus satélites meteorológicos. Estas intenciones de la FCC, si no hay acuerdo, pueden derivar en multitud de pleitos y alargarse su resolución indefinidamente.

La escasez de espectro libre para el desarrollo de las comunicaciones móviles 5G es un grave problema para Estados Unidos, porque las bandas de frecuencia más apetecibles ya están ocupadas por diversos organismos para distintos servicios públicos y privados o de uso estrictamente militar o policial y cuentan con licencias de utilización que se han ido concediendo a lo largo del tiempo y que aún faltan muchos años para que expiren.

La FCC hace años que está buscando la mejor manera de resolver la situación. El organismo subastó hace unos meses diversas bandas de 28 y 39 GHz para comunicaciones 5G, pero el servicio ofrecido hasta ahora con estas bandas, conocidas como ondas milimétricas, es insuficiente porque se requiere el complemento de frecuencias medias y bajas para dar amplia cobertura sin tener que poner una antena a cada paso.

La FCC ya favoreció hace unas semanas la fusión entre T-Mobile US y Sprint para que pudieran juntar su cartera de licencias disponibles y crear un servicio 5G competitivo con la compañía resultante, New T-Mobile. La medida disgustó, evidentemente, a sus competidores ATT y Verizon, pero lo grave es que diversos Estados han recurrido la decisión, con Nueva York a la cabeza, por entender que vulnera las normas de la libre competencia, sin que se sepa cuándo y cómo se resolverá el litigio.

Las compañías de satélite quieren organizar una subasta privada para liberar parte de la banda C para 5G, cuya licencia de uso poseen, mientras que la FCC la quiere hacer pública

Una solución que se baraja desde hace años es liberar y utilizar parte de la llamada banda C, unos 300 MHz en total, para los servicios de comunicaciones 5G de larga distancia. Esta parte del espectro está ocupada ahora por compañías que tienen satélites que los utilizan para emitir señales de televisión. Las señales actuales deberían reubicarse en otra porción del espectro para liberar la banda, como se está haciendo en España con la señales de TDT.

La FCC hace un par de años que estudia distintas propuestas para liberar la banda C. Las compañías de satélite que tienen la licencia aseguran que la solución más beneficiosa para todos es que ellas hagan una subasta privada, supervisada por la FCC, que permitiría a los operadores un rápido acceso a espectro para servicios 5G. Parte de los beneficios de la subasta se lo quedarían las compañías de satélite y otra parte iría al erario público, con las condiciones concretas a decidir. Una propuesta era que al menos el 30% de la recaudación fuera a parar al Tesoro.

En un giro algo inesperado, el presidente de la FCC, Ajit Pai, escribió el pasado 18 de noviembre en una carta remitida al Congreso de Estados Unidos que la subasta de la banda C sería pública y conducida por la FCC, negando así a las compañías de satélite su participación en la subasta. El mismo día, dos senadores republicanos que presiden comités de comercio y tecnología introdujeron nueva legislación que requiere que la banda C sea subastada públicamente y que al menos la mitad de los beneficios generados vayan a las arcas públicas.

La FCC es un organismo independiente del Gobierno y su comité ejecutivo está formado por dos republicanos y dos demócratas, más el presidente que ahora es republicano (que fue quien inclinó la balanza a favor de la fusión de T-Mobile US y Sprint). La FCC fija la política de las licencias del espectro radioeléctrico que se conceden, pero está a la greña con el Department of Commerce (equivalente al Ministerio de Economía) que es el responsable de agencias que utilizan el espectro para satélites meteorológicos que son cruciales para prevenir huracanes. Y los Ministerios de Transportes, Educación y Energía también ponen obstáculos a los planes de la FCC de utilizar parte del espectro de que disponen.

Para poner orden, se nombró hace tiempo un organismo intergubernamental, la National Telecommunications and Information Administration (NTIA), dependiente de Economía, pero su responsable dimitió la pasada primavera y no ha sido repuesto. Por si fuera poco, los distintos Gobiernos federales también tienen participación en el espectro radioeléctrico de Estados Unidos. Este verano había de publicarse la National Spectrum Strategy, pero hasta el momento no ha visto aún la luz.

La FCC también ha propuesto abrir la banda de 5,9 GHz para señales Wi-Fi y C-V2X, contra el criterio de distintos Ministerios que tienen agencias que la utilizan

A esto se suma que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró solemnemente la pasada primavera que el despliegue de una red superrápida 5G es una prioridad nacional. “Mi Administración está volcada en liberar tanto espectro para comunicaciones inalámbricas como sea necesario”, declaró en la Casa Blanca ante numerosos responsables de operadores.

La orden no es nada sencilla de cumplir. El comisionado de la FCC, Michael O’Rielly, aseguró al Wall Street Journal que “necesitamos que los Gobiernos federales reduzcan sus participaciones en el espectro”, al tiempo que reconoce que “se requiere un acuerdo muy amplio y es un problema muy grande”. O’Rielly, que ha trabajado en la liberación de ondas durante muchos años, confiesa al periódico que “cada vez que lo he hecho he tardado el doble de tiempo de lo que pensaba”.

En la carta remitida por el presidente de la FCC, se enumeran cuatro puntos que deberían guiar la decisión de liberar la banda C: disponer de una parte significativa de espectro para 5G, generar recursos para el gobierno federal, hacerlo rápido y “proteger los servicios que actualmente proporcionan quienes usan la banda C para que los puedan seguir ofreciendo a los estadounidenses”. El presidente de la FCC concluye, después de exhaustivas deliberaciones, que “la mejor forma de lograr estos cuatro puntos es a través de una subasta pública de 280 MHz de la banca C organizada por el excelente personal de FCC”. Un portavoz aseguró que se quiere hacer la subasta antes de finales de 2020.

Tres días después, el presidente de la FCC propuso abrir la banda de 5,9 GHz para señales Wi-Fi y tecnología de comunicaciones automovilísticas inalámbricas. Los 45 MHz por debajo de la banda serían para Wi-Fi y los 20 MHz superiores para C-V2X (Cellular Vehicle-to everything). 10 MHz adicionales serían para comunicaciones dedicadas de corto alcance o para C-V2X. La decisión definitiva la tomará el regulador el próximo 12 de diciembre. Los Ministerios de Energía, Transportes y Educación , que tienen organismos que utilizan estas bandas, han asegurado repetidamente que sería prematuro liberar esta banda hasta que se hagan más pruebas de seguridad.

En juego están decenas de miles de millones de dólares solo en la liberación de la banda C. Las compañías de satélite, que incluyen a Intelsat y SES, han asegurado, a través de la llamada C-Band Alliance, que la “FCC carece de autoridad para confiscar el espectro que utilizan sin compensarles”. En una carta dirigida poco antes de hacer público que se quería liberar la banda C con una subasta pública organizada por la FCC, los operadores aseguraron que su completa cooperación es fundamental para asegurar una exitosa liberalización de la banda y afirmaron que la apertura de un largo litigio retrasaría su utilización por los operadores 5G.