El Senado francés aprobó el pasado martes una propuesta de ley que tiene como objetivo reducir el impacto ecológico de la tecnología digital y garantizar el desarrollo en Francia de un “consumo digital sobrio, responsable y ecológicamente virtuoso”. El pasado 15 de diciembre, Arcep, el regulador francés de las telecomunicaciones, ya publicó un largo informe en el mismo sentido, titulado “Por una digitalización sostenible”. La cuestión, sostienen, es que el sector digital ya es responsable del 3% al 4% de las emisiones de efecto invernadero en el mundo y, si no se toman medidas urgentes, el aumento del consumo energético por el crecimiento exponencial de los datos será insostenible a medio plazo. El problema principal son los terminales, que representan el 81% de la huella ecológica, seguida de los centros de datos con el 14% mientras que las redes sólo suponen el 5%.
El informe de la Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (Arcep) es una síntesis de la plataforma de trabajo puesta en marcha en los dos últimos años con diversos estudios, debates y encuentros temáticos, y que se concreta en once propuestas para conjugar el desarrollo de los usos y tecnologías digitales con la reducción de la huella medioambiental de la digitalización.
La Arcep es una agencia francesa independiente, encargada de la regulación de las telecomunicaciones en el país vecino, similar a la española Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que desde 2013 está englobada en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En el informe, la Arcep recuerda que la tecnología digital constituye “un potente factor de evolución de la sociedad”, tanto en el plano económico y social como en la vida cotidiana de los ciudadanos y la evolución de los servicios públicos.
No se quiere frenar la digitalización ni limitar su impacto ecológico sino combinar su desarrollo con las necesidades sociales y económicas con una nueva exigencia medioambiental
Su intención, al limitar el impacto ecológico de la digitalización, no es necesariamente frenar sus usos o sus tecnologías, sino “combinar el desarrollo digital según las necesidades de la sociedad y de la economía con una nueva exigencia medioambiental”. Con estas medidas medioambientales, la Arcep “desea abrir un nuevo capítulo de su regulación”. Unas medidas que no las llevará a cabo Sébastien Soriano, presidente del organismo desde 2015, porque acabó su mandato el pasado 31 de diciembre. Será, en todo caso, tarea de la nueva presidenta, Laure de La Raudière, que debería ser confirmada en el cargo en breve.
En el informe, se sugiere que Arcep debería controlar el impacto de la digitalización, tanto de los operadores de redes fijas y móviles como de los centros de datos y de los principales suministradores de contenidos y de plataformas digitales como Netflix o HBO o de los fabricantes de smartphones, así como de las grandes tecnológicas, como Google, Apple o Facebook. El informe es el resultado del esfuerzo concertado de unos cuarenta actores, provenientes, casi a partes iguales, de la Administración pública, defensores del medio ambiente e industriales del sector.
La conclusión más clara del informe es que “la digitalización representa hoy del 3% al 4% de las emisiones de gas de efecto invernadero en el mundo y el 2% de la huella a nivel nacional, comprendidas las fases de producción y de utilización”. Es una cifra relativamente baja respecto a otros sectores industriales pero el problema estriba en que el crecimiento anual previsto de la digitalización, en cuanto a volumen de datos o número de terminales, entre otros, podría hacer aumentar su impacto ecológico “de manera significativa si no se hace nada para limitarlo”. Según un informe del Senado francés citado por la Arcep, el crecimiento anual sería del 60%, o el 6,7% de la huella de carbono nacional en 2040.
La cuestión es que los informes elaborados hasta ahora no identifican las responsabilidades de cada uno de los actores involucrados, aunque han permitido a la Arcep comprender mejor la huella ambiental de la digitalización y le han convencido de que “puede y debe involucrarse en la estrategia de bajo carbono”. La ambición del organismo es “conjugar el desarrollo de los usos digitales con la reducción de su huella ecológica”, a base de utilizar una vía intermedia entre la libertad de actuación y la economía administrada.
Dialogar y comprometer al sector
La propuesta de la Arcep contenida en el informe resulta del diálogo entre las diversas partes: “Nuestra prioridad es la de acompañar, garantizar y ampliar los compromisos de las empresas”, sin tampoco renunciar a imponer sanciones en caso de incumplimiento. La primera medida más eficaz para reducir el impacto ecológico de la digitalización consiste en convencer a los operadores a ralentizar el ciclo de renovación de los smartphones y en facilitar su reciclaje, porque los terminales son responsables del 86% de los efectos de los gases de invernadero (incluyendo los smartphones, televisores, tabletas y ordenadores). Y la segunda responsabilizar a los proveedores de los contenidos de vídeo en streaming, como Netflix, porque representan el 75% del tráfico de las redes electrónicas, se lee en el informe.
Las propuestas de la Arcep se concretan, en la página 115 del informe, en tres iniciativas: conocer y vigilar la huella ecológica de los distintos eslabones del sector y de los actores digitales; integrar el cuidado del medio ambiente en las atribuciones de la regulación de las redes de telecomunicaciones, tanto fijas como móviles, e incitar a los agentes económicos a ser mucho más responsables en el tema del respeto del medio ambiente.
Les redes móviles y fijas representan únicamente el 5% de la huella ecológica de la digitalización, frente al 14% de los centros de datos y el 84% de los terminales
El consumo energético de las distintas redes de acceso es muy distinto. En el gráfico siguiente, extraído del informe de la Arcep, se ve que las redes de acceso con par de cobre consumen tres veces más energía que las de redes de fibra óptica y las redes móviles, a su vez, consumen diez veces más que las redes de fibra óptica.
Las redes de acceso, por su parte, representan entre el 70 y el 80% de la huella ecológica de una red de comunicación electrónica, como se ve en el gráfico siguiente del mismo informe, mientras que las redes de enlace y las troncales suponen un 20% y el centro de datos el 10% restante.
Sin embargo, si se tiene en cuenta el conjunto de la huella medioambiental de las tecnologías digitales, resulta que las redes, tanto fijas como móviles, sólo representan el 5% del consumo energético en la cadena del acceso a Internet, mientras que el impacto de las infraestructuras (los centros de datos) suponen el 14% del total. La parte fundamental del problema medioambiental de las tecnologías digitales está en los terminales, con el 81% del total, como se observa en el gráfico siguiente.
Los operadores de telecomunicaciones están haciendo grandes esfuerzos para reducir el consumo de electricidad de sus redes, porque cada vez supone una parte más importante de sus costes operativos, como se analizó hace una semana en este Observatorio, pero al final la huella medioambiental del acceso a Internet de las redes fijas y móviles es del 5%. Como cada vez los usuarios acceden a más datos a través de Internet, y encima estas búsquedas utilizan más técnicas de inteligencia artificial para dar una información más precisa, el consumo de energía en los centros de datos está aumentando de forma exponencial.
El drama ecológico proviene pues, fundamentalmente, de los terminales. Cada año se colocan en el mercado del orden de 2.500 millones de aparatos, entre smartphones (1.200 millones en 2020 y 1.500 millones en los últimos años), ordenadores y portátiles (300 millones en 2020, con el auge del trabajo en casa, y unos 250 millones los años anteriores), televisores (en torno a 250 millones) y tabletas y consolas (otros 250 millones). El consumo energético para su fabricación y para la extracción y proceso de las materias primas de los terminales hace que la huella de las redes o incluso de los centros de datos sea relativamente insignificante. De ahí que la Arcep sostenga la necesidad de actualizar y reciclar los terminales si no se quiere agravar más de cambio climático y los recursos minerales y energéticos del planeta.
Propuesta de ley ecológico-digital del Senado francés
El Senado francés aprobó el pasado martes, en primera lectura, una propuesta de ley cuyo objetivo principal es reducir la huella de carbono de las tecnologías digitales utilizadas en Francia. Este texto, aunque aprobado por senadores de los dos extremos del hemiciclo, no es definitivo, porque podrá revisarse y enmendarse en la Asamblea Nacional (Congreso).
A lo largo de sus cuatro capítulos y 24 artículos, la propuesta de ley del Senado francés destinada a reducir la huella medioambiental de la digitalización en Francia prevé hacer converger las transiciones digital y ecológica a través de cuatro vías prioritarias: hacer tomar conciencia a los usuarios del impacto medioambiental de la digitalización; limitar la renovación de los terminales digitales; promover los usos digitales virtuosos, especialmente la ecoconcepción obligatoria de los sitios web y hacer emerger un reglamento medioambiental para prevenir el aumento del consumo de energía y emisiones contaminantes en las redes y los centros de datos.
Como sintetiza el comunicado de prensa de la propuesta de ley hay que limitar la renovación de los terminales, prohibiendo la obsolescencia programada y mejorar la información de los usuarios contra las ofertas subvencionadas y la “obsolescencia marketing”. También se deben fijar los criterios de la concepción duradera de los sitios web y reforzar el reglamento medioambiental de los centros de datos y las redes, para evitar que su consumo energético no aumente el 75% hacia el 2040. También se pide al Gobierno francés que publique su hoja de ruta interministerial para avanzar hacia una transición digital sostenible y asegurar el cumplimiento de Francia en los Acuerdos de París.
Los operadores, neutros en carbono antes de 2050
Stéphane Richard, máximo responsable de la operadora francesa Orange desde hace diez años (antes de 2013 era France Télécom) y actual presidente de GSMA, la asociación que reúne a la mayoría de operadores mundiales, matiza un poco el informe de Arcep en una entrevista publicada en Journal du Dimanche hace dos domingos. Preguntado por el riesgo ecológico, pide más objetividad: “El almacenamiento de datos, la infraestructura de redes y la fabricación de los equipos de red no representan más que el 3,5% de las emisiones de los gases de invernadero. El 80% de este 3,5% está ligado a los equipos y a la fabricación y utilización de teléfonos y solamente el 20% a las redes, incluidos los centros de datos”.
Richard recuerda que la industria contribuye con el 43%, los edificios el 26% y los transportes el 25% de todas las emisiones de efecto invernadero. Piensa que es abusivo presentar la digitalización como una de las causas del alza de las emisiones y del cambio climático. Por cada tonelada de CO2 lanzada por la tecnología digital se utilizan otras diez toneladas por el resto de la industria. El impacto ecológico de una reunión física frente a otra virtual es de cien a uno, recalca. La tecnología 5G es diez veces más eficaz que la 4G en materia de energía. Considera mala fe no reconocer que la digitalización supone en sí misma una solución, antes que creadora de problemas.
El compromiso de los operadores para reducir su huella de carbono es de los más ambiciosos del mundo, añade el actual presidente de GSMA, con el objetivo de conseguir la neutralidad del carbono en 2050, conforme a los Acuerdos de París y, en el caso, de Orange, en 2040. Respecto a las críticas que la tecnología 5G ha recibido en Francia, Richard se pregunta “si el debate no está ligado a los discursos actuales que se oponen y desafían a la tecnología y al progreso”. Considera que a la tecnología 5G se le hace pagar por una “ecología punitiva”, que vilipendia el consumo excesivo que favorecen los teléfonos móviles, las tabletas y los ordenadores, cuando en Europa del norte o en California, donde las preocupaciones ecológicas son muy importantes, 5G ha sido lanzada rápidamente y de forma masiva.
Xavier Niel, fundador y presidente de Iliad, operador de telefonía fija y móvil con la marca Free, aseguró en una entrevista de mediados de octubre en el periódico Les Echos que “lo que poluciona no es 5G sino nuestros smartphones”, como rezaba el titular. Reconocía que una política medioambiental ambiciosa debería repensar el consumo y renovación de los smartphones. “Es la única palanca verdadera para disminuir la huella energética del sector”, sostiene en la entrevista.
Respecto a si deberían limitarse los contratos de datos ilimitados, Niel responde que no son el verdadero problema. “Nuestras redes tienen un consumo muy bajo de energía y el contrato ilimitado responde a una demanda del consumidor”. Y opina que si en estos tiempos de confinamiento se les dice a los franceses que dejen de consumir tantos datos, responderán que es decisión suya. Los operadores, reconoce, pueden hacer pagar más a los que consumen más datos pero piensa que sería una vuelta atrás, porque ya son los consumidores los que pagan los impuestos que se infringen a los operadores de telecomunicaciones.
La posición de los operadores franceses, por lo que parece, no está muy alejada de lo que propugnan ni el Senado francés ni la Arcep, quizás porque estos últimos reconocen implícitamente que los operadores de telecomunicaciones no son la fuente principal de los problemas de la tecnología digital sino de la industria de consumo, que favorece la renovación excesiva de los terminales, y el uso indiscriminado de técnicas de inteligencia artificial, que gastan demasiada energía eléctrica en sus centros de datos.