La subasta en Francia de las licencias 5G se ha iniciado esta mañana bajo un clima de fuerte crispación social, capitaneada por los alcaldes de las principales ciudades. Los alcaldes y varios grupos ecologistas consideran que las redes 5G son un riesgo para la salud humana y el medio ambiente y desde un punto de vista económico inútiles y deficitarias. Habían solicitado una moratoria de al menos seis meses para analizar la situación antes de que empezara la subasta pero el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se cerró hace dos semanas en banda y acusó a los que no quieren las redes 5G de estar en contra del progreso.
La subasta se debía haber celebrado en primavera, pero se ha pospuesto hasta ahora debido a la pandemia y ha dado tiempo a exacerbar las opiniones en contra de las redes 5G debido a la crisis sanitaria, social y económica que padece Francia y el resto del mundo y la cada vez mayor evidencia de que es urgente actuar contra el cambio climático. A las redes 5G, evidentemente, no se le atribuyen todos los males del planeta pero tampoco que contribuyan a resolverlos. Al contrario, opinan los ecologistas, se empeorará la situación con el despliegue de 5G.
El importe final de la subasta, que se espera que concluya como máximo en dos semanas, será un indicador del esfuerzo inversor que quieren hacer los cuatro operadores en liza y su grado de compromiso para un despliegue rápido de las redes 5G en Francia. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que si el precio a pagar por las licencias es muy elevado, los operadores tendrán menos recursos económicos para instalar en los próximos años las antenas, que suponen el grueso de la inversión a realizar.
El importe final de la subasta será un indicador del esfuerzo inversor que quieren hacer los cuatro operadores en liza y su grado de compromiso con el despliegue de las redes 5G en Francia
El procedimiento de la subasta se ha planteado para que las arcas públicas ingresen un mínimo de 2.170 millones de euros para unas licencias que tendrán una vigencia de quince años, aunque el importe final se puede disparar hasta 6.000 o más millones de euros, en función del interés de los operadores por tener más espectro, aunque se espera que no supere los 3.000 millones. Los cuatro operadores tendrán, de entrada, 50 MHz cada uno, previo pago del precio inicial fijado de 350 millones de euros, 1.400 millones entre los cuatro.
En liza hay once bloques de 10 MHz, con un precio mínimo de salida de 70 millones de euros por bloque. Cada uno de los cuatro operadores podrán pedir inicialmente 1, 2, 3, 4 o un máximo de 5 bloques, porque no se quiere que nadie tenga más de 100 MHz. Si la demanda total de bloques es superior a los once ofertados, se informa del número de bloques a que ha optado cada operador y se inicia una nueva ronda con un precio por bloque en torno a cinco millones superior, y así sucesivamente hasta que la oferta iguala a la demanda. Si en la última puja hay más oferta que demanda, se fija un precio intermedio para igualarla. Finalmente, se realiza una segunda subasta para que los bloques de 10 MHz adquiridos en la subasta estén contiguos con los 50 MHz iniciales de cada operador y estén distribuidos de la mejor manera dentro de la banda de frecuencias ofrecida.
En la subasta de hoy, la primera, los cuatro operadores han sido prudentes. Orange ha pedido 5 bloques, SFR y Bouyghes Telecom tres cada uno y Free dos, con lo que han sumado un total de trece mientras que solo hay once bloques disponibles. Esto ha provocado que se hicieran cuatro rondas y el precio por bloque pasara de los 70 millones de euros iniciales a 85 millones. Mañana vuelve a haber subasta, ahora con una subida por ronda de tres millones en vez de cinco. Si, por ejemplo, Orange solicitara cuatro bloques y SFR o Bouyghes dos, la subasta habría terminado. En caso contrario, habrá nuevas rondas y el precio a pagar cada operador seguirá subiendo.
(Actualizado el 1 de octubre). Al final, han bastado tres días para terminar la subasta, porque Orange ha reducido en un bloque sus pretensiones iniciales y Bouyghes Telecom otro, con lo que Orange pasa a tener 90 MHz, SFR 80 MHz y Bouyghes y Free 70 MHz cada uno de ellos. El aumento del precio a pagar por cada nueva ronda ha hecho que se llegara a un acuerdo. El Estado francés se embolsará en total 2.786 millones de euros, aunque la inversión que tendrán que hacer los cuatro operadores en la instalación de antenas y despliegue de la red 5G será muy superior a esa cifra.
Retraso municipal de permisos
Los alcaldes poco pueden hacer para impedir la instalación de antenas 5G en sus municipios, pero pueden dilatar la obtención del permiso necesario con sus atribuciones en materia de urbanismo, especialmente en terrenos y edificios públicos. Para contentar en lo posible a los alcaldes, el Secretario de Estado de la Digitalización y Telecomunicaciones, Cédric O, ha asegurado hoy en una entrevista al periódico Le Figaro que “los operadores deberán informar sistemáticamente a los alcaldes el despliegue de nuevas antenas 5G, incluso si se instalan en mástiles 4G existentes”. Entre los alcaldes recalcitrantes hay tanto ecologistas como socialistas y de más de 70 ciudades, algunas tan importantes como Marsella, Estrasburgo, Lyon, Grenoble o Bayona.
De esta forma, los operadores tendrán la obligación de presentar un proyecto detallado para la instalación de cada antena y contar con su aprobación, incluso para las antenas secundarias que serán necesarias para aumentar la cobertura, sea en interiores de edificios o en zonas fuera del alcance de la antena principal. Lo que se quiere es que haya el máximo de transparencia y que “los alcaldes tengan la posibilidad de pedir por adelantado medidas sobre la exposición a los ondas”, destaca O. Para los operadores, supone un quebradero de cabeza añadido al despliegue de las antenas 5G.
La facturación por usuario móvil debería poder aumentar para amortizar las inversiones en redes 5G, lo que supondría que los precios premium de los servicios móviles tendrían que subir
Además, el Gobierno se ha asegurado que el proceso de despliegue de las redes 5G no se haga a expensas de la fibra óptica y de las redes 4G en las zonas rurales, sino todo lo contrario: las redes 4G en zonas rurales también son prioritarias, como el tendido de fibra óptica, que es imprescindible, aparte, para el intercambio de datos entre antenas. “Queremos mantener un ritmo de instalación de redes 4G en las zonas rurales elevado”, sostiene el Secretario de Estado. Y una cuarta parte de las antenas 5G que se instalen a partir de 2024 deberá hacerse en zonas rurales a partir de 2024.
París se apunta al debate
Los ecologistas están especialmente molestos porque hace pocas semanas se concluyó en Francia la Convención Ciudadana para el Clima con diez puntos que Emmanuel Macron se comprometió a respetar, uno de los cuales incluía la moratoria del despliegue de las redes 5G, pero que finalmente el Presidente se echó atrás. Justamente hoy, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, se ha comprometido a organizar una “conferencia ciudadana metropolitana” sobre 5G y que la consulta tendría lugar “en las próximas semanas”, para que los ciudadanos de París puedan expresar su opinión sobre el tema.
Según explica Paul Simondon, adjunto a la alcaldesa de París en materia de finanzas y del presupuesto, “para París no es cuestión de estar a favor o en contra de 5G ni de pronunciarse respecto a una moratoria, porque no tenemos competencia”. E insiste en el periódico Les Echos que París “no es, en ningún caso, reticente a la innovación”. Se trata de “objetivar” el debate y de dejar a los habitantes de París y de la metrópoli la definición de las salvaguardas sobre los usos deseables o no del 5G, añade Simondon.
De las palabras expresadas a Les Echos, no queda claro el alcance y el grado de compromiso que pueda surgir de esta conferencia ciudadana. En las últimas semanas, se habla en los medios políticos franceses que Anne Hidalgo podría presentarse para las próximas elecciones presidenciales, con lo que la maniobra puede servir para intentar erosionar la imagen de Macron. En cualquier caso, queda claro que el tema de las redes se ha politizado totalmente en Francia y que a sus representantes políticos les gusta utilizar los periódicos en papel para posicionarse y no a golpe de tuit como el presidente Donald Trump.
Más allá de la división política sobre las redes 5G y de los debates generales sobre el progreso tecnológico, lo que está claro es que, desde ahora y hasta 2022, los cuatro operadores franceses (Orange, SFR, Bouyghes Telecom y Free) deberán instalar cada uno de ellos 3.000 antenas 5G sobre el territorio francés, 8.000 en 2024 y 12.000 en 2025, según el compromiso adquirido al optar a la subasta de las licencias. La inversión a realizar, entre la instalación de las antenas y de la infraestructura de las redes de telecomunicaciones móviles y fijas, además del precio pagado por las licencias, será de varias decenas de miles de millones de euros, aunque si se generaliza la compartición de antenas entre operadores, la inversión puede reducirse.
La facturación por usuario móvil debería aumentarse para amortizar rápidamente estas inversiones, lo que supondría necesariamente que los precios por los servicios móviles, sobre todo los premium, tendrían que subir. Pero no está nada claro que muchos consumidores estén dispuestos a pagar más por los servicios 5G el año que viene, que es cuando deberían empezar a despegar en Francia (y en España) para ya alcanzar una mayor cobertura en 2022. Y los servicios 5G para empresas, que son los que podrían aumentar más de precio, no se prevé que estén disponibles hasta finales de 2022 o en 2023, para ser amplios en 2025.
Un problema añadido es que los servicios 4G actuales tienen muy buena cobertura y velocidad de transmisión y, además, la tendencia de los operadores es que el consumo de datos con los móviles sea ilimitado, al menos en España y para los clientes fijos. Si a esto se añade que más consumidores tienen un servicio convergente (móvil con datos ilimitados y conexión a Internet también ilimitada, aparte de teléfono fijo) por una cantidad razonable a la baja y prestaciones al alza, la migración a 5G se prevé difícil. Únicamente será posible si el precio de los smartphones 5G se alinean con los 4G a igualdad de prestaciones y la migración a 5G supone un aumento de facturación muy reducida o inexistente.
Ventajas poco evidentes
Estas consideraciones son las que sirven de argumento para quienes consideran que las redes 5G no serán económicamente sostenibles a corto plazo y que debería haberse aprobado una moratoria de al menos seis meses para reconsiderar la situación, que se sumarían a los seis meses perdidos debido a la pandemia, que en este único caso la ven beneficiosa. Respecto al deterioro del medio ambiente, debido al mayor consumo energético de las redes 5G en la etapa inicial, se hace un planteamiento parecido. A plena carga, una red 5G es hasta cuatro veces más eficiente en términos energéticos que una 4G, porque puede soportar cuatro veces más capacidad por unidad de energía consumida. Pero si no hay demanda o es muy reducida, el consumo de energía de las redes 5G será muy superior a las 4G equivalentes.
Los consumidores, por otra parte, no están convencidos de las ventajas que puede suponer 5G, siempre a corto y medio plazo. Buena parte de ellos, además, consideran que 5G puede representar un serio riesgo para su salud. Un estudio realizado por la Universidad de Londres y dado a conocer la semana pasada muestra que el 22% de los británicos no querrán vacunarse contra el Covid-19, aunque la inyección de la vacuna esté disponible. Y un sorprendente 43% de los británicos de la misma muestra están convencidos de que la tecnología 5G representa un serio riesgo para su salud.
En el reciente informe Digital Consumer Trends 2020 de la consultora Deloitte también queda patente que una minoría, aunque respetable, de consumidores son escépticos de los beneficios que pueda aportar la tecnología 5G. La pandemia ha hecho reflexionar a muchos consumidores, sobre todo jóvenes, de la idea del progreso tecnológico que se daba por supuesto hace unas décadas, a partir de los años cincuenta del pasado siglo. El debate sobre 5G que se ha suscitado en Francia puede ser un síntoma de que muchas cosas están cambiando con la pandemia para muchas personas, sin que necesariamente sean “unos amish”, denostados por Macron.