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18/07/2019

Francia exigirá a los cuatro operadores una elevada cobertura en su subasta 5G

Francia ha decidido subastar a un precio relativamente bajo las licencias 5G pero a cambio de exigir un fuerte compromiso de cobertura en todo el territorio nacional, incluidas las zonas rurales, con porcentajes y fechas concretas. Un total de cuatro operadores podrán optar a la subasta francesa de licencias 5G, en la banda de entre 3,4 y 3,8 GHz. A estos operadores se les concederá, de entrada, entre 40 y 60 MHz por un precio fijado de antemano, que después podrán aumentar en tramos de 10 MHz hasta un máximo de 100 MHz en la subasta propiamente dicha.


El precio y la cantidad inicial de espectro concedido aún no se ha concretado pero el objetivo es que sea asumible por los operadores que opten al concurso, porque estarán obligados a suministrar un elevado nivel de cobertura entre 2020 y 2025 en todo el territorio nacional, según consta en el pliego de condiciones elaborado por la Arcep, la autoridad reguladora, hecho público el pasado 15 de julio. Evitar la fractura digital en Francia es la prioridad de Sébastien Soriano, presidente de la Arcep.

Francia se ha fijado como objetivo prioritario que las redes 5G tengan un amplio nivel de cobertura a mediados de la próxima década, tanto en ciudades como en zonas rurales con actividad empresarial, y que la velocidad mínima sea de 240 megabits por segundo, cuatro veces la media actual de 4G. Su apuesta es que 5G sirva verdaderamente para promover el crecimiento económico, crear puestos de trabajo y vertebrar todo el territorio, sin que haya muchas zonas con poca o nula cobertura móvil de alta velocidad, como ahora ocurre con la 4G. La recaudación por la concesión de la licencia del espectro durante quince años, aunque se quiere que sea importante, no se considera un tema prioritario.



Para ello, la autoridad reguladora ha ideado un proceso híbrido de concesión de las licencias, en dos etapas. En una primera fase, se repartirá entre 40 y 60 MHz a cada uno de los cuatro operadores que opten al concurso por un precio determinado (la cantidad exacta de espectro y su precio la decidirá el Gobierno antes del 4 de septiembre), de un total de 310 MHz disponibles en la banda de 3,4 a 3,8 GHz. En la segunda fase, que empezará inmediatamente después, los operadores podrán optar a comprar tramos de 10 MHz en condiciones de subasta libre, hasta un máximo de 100 MHz por operador.



Francia pretende que la 5G vertebre todo el territorio sin dejar zonas con poca o nula cobertura móvil de alta velocidad.



Ahora se han publicado en exposición pública las condiciones generales del concurso, que se espera que se inicie en septiembre y concluya la subasta a finales de octubre, para conceder oficialmente las licencias a primeros de 2020. La obtención de las licencias supondrá la aceptación por parte de los operadores de unos compromisos concretos de tasa de cobertura y velocidad de transmisión mínimos.

Cada operador deberá dar como mínimo la mitad de la cobertura territorial en dos ciudades de más de 150.000 habitantes antes de que acabe 2020. Los operadores estarán obligados a tener al menos 3.000 sitios 5G (antenas) a finales de 2022, 8.000 en 2024 y 12.000 en 2025, cuando se quiere tener cubierto dos tercios de la población francesa. La cobertura total 5G en Francia se prevé para 2030. A partir de 2022, además, el 75% de los sitios 5G de cada operador deberán suministrar al menos 240 megabits por segundo.

La tecnología utilizada para logra esta velocidad no es esencial. Se podrá hacer con 5G o con 4G+, la evolución de 4G que debería alcanzar los 240 megabits por segundo, o una mezcla de ambas según la zona. El regulador prevé también que entre el 20 y el 25% de los sitios 5G estén situados en zonas rurales, un concepto aún por precisar, pero se pretende que sean las zonas algo alejadas de las ciudades pero con implantación industrial, como los polígonos industriales.



La cobertura 5G total en Francia se prevé para 2030. A partir de 2022, el 75% de los emplazamientos deberán ofrecer al menos 240 Mbps.



A las empresas no se les permitirá gestionar las redes 5G sino que el servicio deberá ofrecerse a través de los cuatro operadores, que previsiblemente serán Orange, SFR, Bougues Telecom y Free. Los industriales, sin embargo, tendrán “derecho a 5G” y podrán exigir a los operadores que les den servicio 5G con antenas próximas, con unas condiciones de servicio consideradas “razonables”.

Se ha previsto que entre 2023 y 2028 se pueda hacer un reajuste de la atribución de frecuencias y corregir errores que hayan surgido, por medio de una renegociación de los operadores con el Estado. La Arcep se ha reservado para ello un bloque de 90 MHz en la banda 5G de 3,4 GHz que podría conceder en 2026.



El pliego de condiciones se ha consensuado en los últimos meses entre los operadores interesados y la autoridad reguladora, aunque quedan dos puntos clave por decidir: el precio fijo inicial y si el lote por operador será de 40, 50 o 60 MHz. Cuando se sepan, los operadores podrán decidir si pujan por más tramos y cuánto están dispuestos a ofrecer.

Los operadores franceses están ahora comprometidos a invertir del orden de 10.000 millones de euros anuales entre 2019 y 2022 para instalar fibra óptica y cobertura móvil 4G en todo el territorio francés. Tendrán que calcular la inversión en despliegue de la red 5G a partir de 2022 y los ingresos previstos para decidir cuánto estarán dispuestos a pujar por la subasta y que el retorno de la inversión sea razonable.

Arthur Dreyfuss, presidente de la federación francesa de telecomunicaciones, sostiene que “es esencial encontrar un equilibrio justo entre las inversiones que hay que realizar ahora y las que vendrán en los próximos años, que necesariamente habrán de aumentar, y el importe de la subasta”.

Sébastien Soriano considera que el proceso aprobado permite a los operadores interesados tener más espectro y a la vez conservar un equilibrio concurrente entre los cuatro operadores para que puedan ofrecer un verdadero servicio 5G. Lo que la Arcep ha querido evitar es que las ciudades, con mayor potencial de rentabilidad, acaparen la mayor parte de la inversión en detrimento de las zonas rurales con menor potencial.


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