La operadora SFR ha sido la primera en lanzar comercialmente la red 5G en Francia. Fue el pasado viernes, en Niza, con el anuncio de que la mitad del territorio municipal está cubierto. Orange empezará este jueves o viernes, sin decir oficialmente dónde, y Bouygues Télécom lo hará el 1 de diciembre, mientras que la cuarta operadora francesa con licencia, Free, espera a ver lo que hacen las demás para actuar. Todas las operadoras se han comprometido a desplegar 5G de forma acelerada en toda Francia, pero hay varios alcaldes de grandes ciudades que están en contra de la nueva red móvil. Ahora se ha sabido, además, que tampoco podrá haber cobertura 5G en los aeropuertos y alrededores, por temor a que la señal interfiera la comunicación de los aviones. París, mientras tanto, debate si deja que haya o no 5G en los próximos meses.
Francia ha sido el último de los grandes países europeos en disponer de redes 5G comerciales, porque Alemania, Gran Bretaña, Italia y España ya las tienen desde hace más de un año. No todos los países del sur de Europa cuentan, sin embargo, con redes comerciales 5G, porque faltan Portugal y Bélgica. En Portugal hay una fuerte polémica con las condiciones de la subasta y en Bélgica se prevé que la subasta de las licencias se realice muy a finales del año que viene, según se anunció la semana pasada, con lo que no habrá servicio 5G comercial en el país antes de 2022. El Gobierno polaco, por su parte, no prevé adjudicar las licencias 5G hasta finales del próximo agosto. Así, los planes previstos por la Comisión Europea de que se hubiera lanzado 5G a finales de este año en al menos dos ciudades de todos los países comunitarios han saltado por los aires, y no sólo por la pandemia.
El principal problema que existe ahora en Francia con las redes 5G es que muchos alcaldes de las principales ciudades se oponen firmemente a que se instalen antenas con la nueva tecnología móvil en sus municipios. O, por lo menos, quieren que se apruebe una moratoria hasta que la tecnología 5G sea madura y existan pruebas concluyentes de que no es perjudicial para la salud, que para eso se está elaborando un informe oficial que debería estar terminado la próxima primavera. La inmensa mayoría de estos alcaldes son ecologistas y ganaron las recientes elecciones municipales gracias al rechazo a las redes 5G, que comparte gran parte de la población de estos municipios.
Muchos alcaldes de ciudades importantes se oponen a la instalación de antenas 5G en sus municipios hasta que la tecnología sea madura y existan pruebas concluyentes de que no es perjudicial para la salud
La ley obliga a los operadores a informar y recibir la aprobación de los alcaldes antes de poner en marcha una antena 5G, incluso si se aprovecha una instalación existente. Las operadoras se encuentran así entre la espada y la pared, porque muchos de estos territorios hostiles a la instalación de antenas 5G son comercialmente muy apetecibles. La subasta de las licencias para repartirse los 310 megahercios disponibles en la banda de 3,5 a 3,8 GHz se realizó a primeros de septiembre, con un desembolso total de 2.790 millones de euros por parte de las operadoras.
La adjudicación definitiva del posicionamiento concreto de las frecuencias concedidas a cada operadora tuvo lugar el 20 de octubre, aunque no se comunicó hasta el pasado 5 de noviembre. Gracias a este reposicionamiento de las frecuencias respecto a los bloques de 10 MHz subastados, cada una de las cuatro operadoras tienen toda la parte de su espectro 5G licenciado contiguo, y no a pedazos como pasa en España, que aún se está a la espera de que se hagan los cambios oportunos (sólo Vodafone España tiene ahora su espectro 5G contiguo).
Al final, SFR tiene los 80 MHz conseguidos en la subasta en la parte baja del espectro, desde 3,49 hasta 3,57 MHz; Bouygues Télécom en la parte media baja sus 70 MHz, desde 3,57 hasta 3,64 MHz; los 70 MHz de Free Mobile en la parte media alta, desde 3,64 hasta 3,71 MHz y Orange en la parte alta sus 90 MHz adquiridos, desde 3,71 hasta 3,80 MHz. Las cuatro operadoras querían estar en la parte media baja del espectro adjudicado, porque es donde existen menos interferencias con las señales de satélites, la TDT o el enlace local con la señal móvil. Al final, la solución adoptada parece contentar a todos, porque SFR y Bouygues prevén compartir antenas y están juntas y lo mismo pasa con las otras dos, que también tienen planes de compartir antenas. Free ha debido pagar tres millones de euros adicionales para conseguir esta posición intermedia que ganó entre las 24 combinaciones matemáticamente posibles.
Aparte de que las operadoras ya han debido pasar por caja para recibir las licencias, también se han comprometido a respetar un calendario de coberturas, y con una proporción de emplazamientos rurales de las antenas, muy estricto. Así, el objetivo es que hayan 10.500 sitios activos 5G en 2025, generalmente en instalaciones ya existentes, y cada operadora deberá haber instalado 3.000 sitios activos en 2022. Además, una cuarta parte de las antenas deberán estar situadas en zonas rurales o industriales en 2024 o máximo 2025, porque no se quiere que se privilegien en exceso las zonas urbanas, en principio las más rentables.
Permiso municipal obligatorio
Las cuatro operadoras ya disponen ahora de las licencias y el espectro necesario para funcionar, así como de las obligaciones exigidas por el Estado. Está claro que todas empezarán a ofrecer el servicio 5G de inmediato, como ya ha hecho SFR en Niza, pero se desconoce el ritmo y lugares a instalar las antenas 5G, entre otros motivos la elección porque no depende solamente de los clientes potenciales que puedan tener en cada zona y de la estrategia de los competidores sino que deben entregar un informe con sus planes en cada municipio que les interese y recibir la autorización oportuna de la alcaldía correspondiente, incluso si la antena 5G a instalar aprovecha la infraestructura existente.
Numerosos alcaldes de ciudades importantes, como Marsella, Lión, Grenoble o Burdeos, son muy reticentes a conceder los permisos para instalar redes 5G en sus municipios, porque en las recientes elecciones municipales mostraron su total rechazo a las antenas 5G y ganaron, debido a que una parte muy importante del electorado está de acuerdo con que haya una moratoria de varios meses antes de seguir adelante con 5G, por lo menos hasta que la tecnología se considere totalmente segura para la salud y la tecnología esté madura. Poco antes del verano, una de las operadoras, Bouygues, pidió formalmente al Gobierno una moratoria de un año, porque consideraba que la tecnología 5G no estaba madura ni era aún rentable.
Por si fuera poco, ahora se ha sabido que la Dirección General de Aviación Civil, el órgano competente, ha expresado sus reservas a que se puedan instalar antenas 5G cerca de los aeropuertos franceses. El organismo teme que la docena de las antenas que se han instalado a título experimental puedan perturbar los sistemas de guía y comunicación del interior de los aviones. Aviación Civil se apoya en un informe oficial de Estados Unidos y publicado el pasado octubre en Estados Unidos en el que alerta que la banda de 3,7 a 3,9 GHz utilizable por 5G crea un “riesgo mayor” para los altímetros de los aviones, que utilizan estas mismas frecuencias y que es el único sistema que tienen los aviones para medir la distancia a que se encuentran del suelo o de otros obstáculos.
El problema principal es lograr que la tecnología sea rentable y justifique la inversión a realizar en los próximos años, hasta que las aplicaciones 5G industriales no estén a punto y se confíe de momento con las de consumo
Este veto a instalar antenas 5G cerca de los aeropuertos se supo pocos días antes de firmar la adjudicación de las licencias, lo que ha provocado que las operadoras estén “furiosas” por la medida, como tituló ayer el periódico Les Echos. Las operadoras querían aprovechar la plena cobertura 5G de los aeropuertos como reclamo ante los usuarios franceses y extranjeros, ya que Francia es el primer destino turístico mundial y los pasajeros se pasan (o pasaban antes de la pandemia) muchas horas en los aeropuertos a la espera del despegue de su avión.
Según asegura el subdirector de la Dirección General de Aviación Civil a Les Echos, “se están realizando análisis técnicos complementarios para asegurar la compatibilidad de las estaciones 5G con las necesidades de la aviación civil”. Tener reservas es legítimo, pero el 7% del mundo tiene ya cobertura 5G y no ha habido ningún problema con los aviones, relata un representante anónimo de las operadoras al periódico financiero francés. Con ello, remacha, las teorías del complot sobre la 5G campan a sus anchas con nuevos argumentos.
Aparte del informe municipal favorable, las operadoras están obligadas a recibir la aprobación por parte de la Agencia Nacional de Frecuencias (ANFR) del tipo de antena e instalación a realizar. Esto puede significar un contratiempo importante y un veto si alguna de las operadoras quiere instalar en alguna parte antenas de Huawei. Tanto la ANFR como Cédric O, ministro encargado de los temas digitales y de las comunicaciones electrónicas, han querido quitar hierro al asunto, asegurando que la gran mayoría de las 300 primeras instalaciones han recibido la aprobación y se está en contacto con las operadoras. Sólo el 4% de las solicitudes, las cercanas a los aeropuertos, han sido de momento denegadas, y Gilles Brégant, director general de la ANFR, asegura que habrá un retraso de unas semanas o meses en conceder la autorización en las zonas cercanas a los aeropuertos, “pero no habrá zonas de exclusión duraderas”. “Los aeropuertos tendrán también cobertura 5G”, sostiene.
Monetizar la 5G
El problema principal, de todas formas, es lograr rentabilizar la inversión en 5G. Aparte del pago de las licencias, las operadoras deberán realizar en los próximos años una inversión anual de varios miles de millones de euros anuales para poner a punto la infraestructura necesaria. Aunque la tendencia es compartir las antenas para reducir costes, las aplicaciones industriales para las redes 5G, que son las más interesantes desde todos los puntos de vista, no estarán disponibles hasta dentro de un par de años como mínimo a gran escala y las aplicaciones de consumo no se prevé que enganchen en exceso a los particulares. Dentro de uno o dos años, argumentan los partidarios de 5G, las redes 4G se encontrarán al límite en muchas grandes ciudades y habrá que recurrir a 5G, pero el problema, rebaten los detractores, es cubrir la fase inicial del despliegue, antes de 2024.
De momento, todas las operadoras han publicado sus planes de contratación a las redes 5G. Varían según el límite a datos, los compromisos de permanencia y el operador, desde por ejemplo los 39,99 euros mensuales con 70 GB en uno de los planes de Orange hasta los 30,99 euros mensuales con 50 GB de otro plan de Bouygues. En general, las operadoras cobran cinco euros mensuales adicionales al usuario que contrate 5G en Francia respecto a un plan 4G equivalente. Además, debe residir en una zona con cobertura 5G y tener un terminal compatible, porque de lo contrario no tiene ningún sentido.
La ARCEP, el órgano regulador francés de las telecomunicaciones, creará un “observatorio 5G” con la publicación de todas las zonas con cobertura actual y los planes de cobertura futuros región por región, que las operadoras tiene el compromiso de facilitar a la ARCEP. Con ello, se quiere dar más transparencia a todo el proceso de implantación de la 5G en Francia y ser más claro en el tema del impacto de las ondas radioeléctricas sobre la salud y sobre su grado de polución o de consumo energético.
También se quiere detallar en qué frecuencia las operadoras emiten 5G en cada una de las antenas. Técnicamente, se puede emitir una red 5G con la frecuencia ahora concedida de 3,5 GHz, pero también con las frecuencias de 700, 1.800 o 2.100 MHz, que las operadoras cuentan con la licencia oportuna. La velocidad de transmisión y la cobertura son muy distintas según la frecuencia utilizada, aunque todas sean 5G, lo que lleva a la discusión de la 5G “verdadera” y “falsa”. Es un debate que seguro que también se suscitará en España, porque no todas las redes 5G a distinta frecuencia son iguales ni tienen las mismas prestaciones.
Christian Estrosi, alcalde de Niza por el partido republicano LR, es abiertamente favorable a la implantación de 5G en su municipio y dio su inmediata aprobación a que SFR lanzara el pasado viernes la primera red comercial 5G en la mitad del territorio de la ciudad, que tiene 340.000 habitantes y es la quinta más poblada de Francia. Niza está muy cerca del Principado de Mónaco, que ya está cubierto totalmente con 5G desde hace meses, y vive en gran parte del turismo. Estrosi quiere que 5G sea un polo de atracción de empresas y universidades y centros de investigación en su territorio y una “smart city”, pero también ha prohibido que haya una antena 5G a menos de 50 metros de una escuela.
El entusiasmo del alcalde de Niza por la 5G no es compartido por otros alcaldes de grandes ciudades, con lo que los primeros meses de 2021 serán claves para dilucidar el ritmo de implantación real que 5G tendrá en Francia, conforme se vayan encendiendo más antenas y se conozca el número de usuarios. Un indicador importante será el debate ciudadano sobre 5G que habrá en París en las dos próximas semanas y, sobre todo, la decisión oficial que se tome al respecto.
La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, es socialista pero se declara ecologista y mantiene una coalición en el Consejo del Ayuntamiento con los ecologistas. En los últimos días, sin embargo, la tensión en el seno de la coalición ha aumentado a raíz de la propuesta de poner el nombre de una calle o plaza a Samuel Paty, el profesor de historia y geografía asesinado por un islamista el pasado 16 de octubre, con un voto electrónico que fue malinterpretado por razones técnicas, al aparecer los ecologistas como abstencionistas. Si París opta finalmente por retrasar la instalación de redes 5G, como quieren los ecologistas, aunque sea unos pocos meses, el despliegue de 5G puede sufrir un duro golpe.