A finales de la semana pasada se conocieron dos noticias trascendentes respecto a la evolución de 5G en el continente europeo. El National Cyber Security Centre (NCSC), dependiente del departamento de seguridad e inteligencia del Reino Unido, emitió un comunicado en el que aseguraba que la “seguridad y resiliencia de nuestras redes es de importancia capital” y que estaba “mirando detalladamente cualquier impacto que pudiera afectar a las redes del Reino Unido” después del “anuncio de Estados Unidos de sanciones adicionales contra Huawei” el pasado 15 de mayo.
Los periódicos británicos The Guardian y The Telegraph se hacían también eco de la intención del Reino Unido de excluir totalmente el funcionamiento e instalación de equipos 5G de Huawei de las redes de telecomunicaciones del país a partir de 2023. El Gobierno de Boris Johnson había concluido, según los rotativos, que las sanciones contra Huawei impuestas por la Administración Trump hacían casi imposible para los operadores británicos la utilización de equipos con tecnología 5G de Huawei en sus redes británicas.
El mismo sábado pasado, Martin Bouygues, presidente de la operadora y grupo francés que lleva su nombre, publicaba un artículo de opinión en el periódico Le Figaro con un título incendiario: “5G no es una urgencia para Francia, aplacemos la concesión de las frecuencias”. Y se destacaba otra tesis del artículo: “Retrasar las subastas algunos meses no presenta ningún riesgo de pérdida de posición o de retraso para la economía francesa”. Para colmo, añadía, entre otras perlas, que “la tecnología 5G está lejos de ser madura” y que suscita “desconfianza y escepticismo” en la opinión pública.
El pasado enero, el Gobierno británico decidió que continuaría permitiendo que los operadores instalaran equipos de red 5G de Huawei en el país, aunque limitaba su presencia a no más del 35% en las redes de acceso 5G y su prohibición en las partes sensibles de la red, como en la red troncal o cerca de aeropuertos o instalaciones militares. Justo hace un mes, BT eligió a la sueca Ericsson para que le instalara un avanzado sistema de supervisión de la red troncal 4G y 5G.
Para Huawei, la intención del Reino Unido de prohibir totalmente sus equipos “no tiene ningún sentido”, cuando en enero se aprobó su instalación hasta el 35% del total, excepto en zonas muy sensibles
A resultas de esta decisión, BT estimó en unos 500 millones de libras el coste de cumplir con la restricción de hasta el 35% de los equipos de Huawei en sus redes en los próximos cinco años y Vodafone la cifró en unos pocos centenares de millones de libras, porque es menos dependiente del suministrador chino en suelo británico. A la filial británica de Telefónica, O2, le afectaba poco, porque no utiliza equipos de Huawei. Hace un par de semanas, en la presentación de resultados trimestrales, ni los máximos responsables de BT ni de Vodafone dieron la impresión de que se enfrentaban a un escenario tan perjudicial para ellos como tener que retirar todos sus equipos de Huawei.
Uno de los problemas graves con que se deberán enfrentar BT y Vodafone, si Boris Johnson sigue adelante con su decisión, es, aparte de tener que retirar todos los equipos 5G de Huawei, que sus redes 4G y 5G del fabricante chino no podrán interoperar con las futuras redes 5G de otros fabricantes. Esto les obligará no solo a quitar los equipos 5G de Huawei sino también los de 4G para tener capacidad real 5G. Apaños como la compartición dinámica del espectro o la agregación de portadoras 4G y 5G no funcionan con estaciones base de distintos fabricantes.
Se calcula que Huawei suministra actualmente alrededor de dos tercios de toda la red 4G de BT, aportando Nokia el restante tercio, y más del 35% de su tendido de fibra óptica. Vodafone indicó en enero que alrededor del 32% de sus estaciones base eran de Huawei. Three, el cuarto operador británico y más pequeño, utilizaba equipos de Samsung pero el año pasado anunció que se pasaba a Huawei. Si Vodafone y BT no tenían suficientes problemas con la anunciada fusión de O2 y Virgin Mobile y la pérdida de rentabilidad de sus negocios, ahora deberán enfrentarse al nuevo escenario sin el concursos de Huawei, si realmente sigue adelante.
Para Victor Zhang, vicepresidente de Huawei, los planes que han salido a la luz del Gobierno británico “no tienen ningún sentido”, justo pocas semanas después de que se autorizara la venta e instalación de equipos de Huawei con una serie de restricciones. “Gran Bretaña necesita las mejores tecnologías posibles, más elección de innovación y más suministradores, lo que significa redes más seguras y resilientes”, añade.
Aparte del impacto que puedan causar en las redes británicas el drástico veto estadounidense, se especula con el efecto que pudiera haber causado la frontal oposición de un prominente miembro conservador, sir Iain Duncan Smith, que como backbencher no ocupa ningún cargo gubernamental pero es influyente, una de las peculiaridades del Parlamento británico. A Duncan Smith le sentó fatal que se dejara a Huawei hasta el 35% de la red 5G y ha liderado un pequeño grupo de diputados conservadores para anular este porcentaje. También se habla de que Boris Johnson quiere dar una satisfacción a Donald Trump en su próxima reunión del G7 y conseguir a cambio un acuerdo comercial más favorable para el Reino Unido, que ahora está negociando con Estados Unidos.
En el caso del artículo de Martin Bouygues, también se especula con que hayan motivos ocultos. En concreto, forzar a que el Gobierno francés adopte una postura clara, preferentemente luz verde, respecto a la futura instalación de equipos de red de Huawei en territorio galo. Oficialmente, no se prohíbe su instalación, pero esto no significa que se pueda hacer en un futuro si las circunstancias lo justificaran. No es casualidad que el presidente de Bouygues clamara hace meses ante la ambigüedad de las autoridades y obligara al órgano regulador de las telecomunicaciones francesas a posicionarse claramente con las condiciones de la subasta respecto a los suministradores de equipos y a la posición de Huawei.
Tras meses de discusiones, a finales de 2019 se convocó para abril la subasta de las redes 5G, con la compra de un bloque fijo de 50 MHz para cada uno de los cuatro operadores licitantes por 350 millones de euros y una subasta posterior del resto de espectro de 310 MHz al mejor postor. Pero la cuestión Huawei quedó un poco en el aire y Bougues, en particular, pidió aclaraciones. La Comisión Europea también se mostró partidaria de dejar instalar equipos 5G en la Unión Europea, aunque con algunas condiciones. En estas, llegó el coronavirus y la subasta prevista para abril se aplazó “sine die”.
Tanto la Arcep, el regulador francés de telecomunicaciones, como la Ansii, la agencia de seguridad de la información y telecomunicaciones, se han sorprendido por el artículo. Los cuatro operadores en liza también están divididos: Orange y Free aseguran que están listos para relanzar la carrera del 5G mientras que SFR y, claro, Bouygues Telecom no tienen ninguna prisa. En teoría, la Arcep debería comunicar a mediados de junio el nuevo calendario de la subasta 5G de 3,5 GHz.
Francia sigue sin tener una postura clara respecto a la instalación de equipos 5G de Huawei en su territorio, lo que ha provocado que Bouyghes publicara un artículo incendiario en Le Figaro
A finales del pasado diciembre, la Arcep pidió información a los cuatro operadores sobre los equipos 5G que iban a instalar en sus redes. La documentación se remitió y el organismo disponía de dos meses para contestar afirmativamente o se entendía que se denegaba. Pero se han pedido aclaraciones a la documentación aportada por Bouygues y SFR, precisamente los dos que quieren instalar una parte con equipos de Huawei. La respuesta se ha aplazado, como la subasta.
Hace tres meses que Orange y Free tienen aprobado su plan de instalación, porque no incluye material de Huawei, mientras que los otros dos operadores están a la espera de la respuesta oficial, sin saber si podrán llevar a la práctica su plan. Si se les deniega, tendrán que poner en marcha un plan alternativo a toda prisa, con lo que consideran que no estarán en igualdad de condiciones. De ahí, sospechan algunos, el artículo en Le Figaro.
La Comisión Europea debería dar a conocer en breve el informe definitivo sobre su postura oficial respecto a Huawei y del contenido exacto de la “caja de herramientas” del informe preliminar de enero, si el coronavirus no lo retrasa. A finales de año, en plena vorágine europea en contra de Huawei por parte de Estados Unidos, la compañía china anunció la construcción de un gran centro de investigación y desarrollo, con fabricación de equipos incluida, en Francia, con miles de empleos. Otro tema que ha quedado aplazado por el virus.
Mientras, en Alemania la instalación de la infraestructura 5G sigue un curso acelerado. Ya reservó 100 MHz de espectro y concedió las licencias para la instalación de redes privadas 5G (ahora la GSMA no ve bien las redes privadas) y subastó la concesión de redes públicas hace casi un año. La semana pasada, DT anunció que espera tener cubiertas con 5G al menos veinte de las principales ciudades a finales de año, frente a las ocho actuales, y al menos 1.500 estaciones base instaladas y operativas.
Vodafone no se quiere quedar relegada en el mercado alemán y calcula que a finales de año diez millones de personas tendrá cobertura 5G y 20 millones un año después. Telefónica Deutshland (O2) también quiere desplegar redes comerciales 5G en Berlín, Hamburgo, Munich, Colonia y Frankfurt a finales del año que viene, con equipos de Huawei y Nokia. En Alemania, el debate sobre Huawei no se suscita.